En momentos en que la certeza jurídica es fundamental para
concretar las inversiones producto del nearshoring, en Coahuila el sistema de
justicia, a cargo de Miguel Felipe Mery Ayup, evita el correcto funcionamiento
de los procesos legales.
*Un ejemplo es este caso (Arturo Gómez Lara dueño de Eon Energy contra Grupo SIMSA). Aprehendido el 23 de octubre de 2023 y trasladado Torreón Coahuila, a pesar de no tener ninguna relación con el
estado, nunca haber firmado un contrato allí ni haber estado previamente en esa ciudad y no tener ningún contrato con dicho Grupo.
El sistema de justicia impuso la pena más alta de 6 meses de investigación y, además, una prisión preventiva, algo que resulta irregular. Después de terminar este periodo de investigación el 25 de mayo de
2024, y a pesar de haber transcurrido más de 10 meses, la investigación aún no ha sido cerrada, no se ha permitido presentar pruebas a favor ni se ha fijado una fecha para el juicio. Todo esto apunta a que la estrategia ha sido atacar a Arturo Gómez Lara, lo cual constituye un secuestro y un daño moral a una persona que no tiene relación alguna con esto.
* El pasado 24 de abril se solicitó al Ministerio Público de
Torreón, Eduardo Nakasima Martínez, que entrevistara a los oficiales que
supuestamente habían declarado un soborno por parte del imputado al momento de
su detención en la CDMX, argumento utilizado para mantenerlo en prisión
preventiva. Sin embargo, el funcionario se negó a realizar las entrevistas, al
igual que el juez José Samuel Borrego Rodríguez.*
* En este sentido, un perito de la Suprema Corte de Justicia
ya desvirtuó la declaración hecha por el Ministerio Público, confirmando que se
falsificaron los documentos para tener a Arturo Gómez Lara en prisión.*
* La evidencia del tráfico de influencias del Grupo SIMSA es
abrumadora, incluso hay indicios de que realizan este tipo de acciones de
manera habitual. Empresarios e inversionistas piden se inicie una investigación
para identificar casos similares que involucren a este grupo y a sus dueños, ya
que dicen, un estado sin justicia no puede ser opción para invertir.*